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Akal / A Fondo

Francisco Delgado Ruiz

La cruz en las aulas

A pesar de la creciente secularización de la sociedad española, la Iglesia católica, con la complicidad de una parte importante del poder político, participa activamente en las instituciones del Estado. Los centros educativos no son una excepción. Todo lo contrario; el clero católico, donde más ejerce su influencia, es en el ámbito de la enseñanza. La cruz en las aulas trata de analizar y explicar cómo es esa presencia y cuál es su origen.

Salvo en el breve periodo de la II República, el peso católico en las instituciones educativas ha sido una constante. Cuando en el siglo xviii, Condorcet abogaba por un modelo laico de enseñanza en Francia, en España la Constitución de 1812 institucionalizaba la catolicidad de la instrucción pública. Y hasta hoy.

Aunque la Constitución de 1978 proclama la no confesionalidad del Estado en el ámbito de la enseñanza, se dejan –deliberadamente– muchas puertas abiertas para que, tanto en materia simbólica como curricular, la Iglesia católica mantenga, y aun prolongue, una endémica y poderosa presencia.

Francisco Delgado Ruiz (Albacete, 1949) es maestro de Artes Gráficas y psicólogo industrial. Fue diputado en 1977 y senador en 1979. Fue presidente de la Confederación Española de AMPAS (CEAPA) y, durante 15 años, miembro del Consejo Escolar del Estado. Formador de adultos. Autor de diversas publicaciones, entre ellas La escuela pública amenazada (1997), Hacia la escuela laica (2005) y Evanescencia de la escuela pública (2013), y coautor en varias publicaciones relacionadas con la educación, los derechos de la infancia o el deporte en la edad escolar. En la actualidad preside la asociación Europa Laica.

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RAG

Director de la colección

Pascual Serrano

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ISBN: 978-84-460-4197-9

Los conflictos religiosos y políticos de los adultos no deberían invadir el lugar de la escuela y tomar a los estudiantes como rehenes marcándolos con signos ostensibles casi pasionales.

Henri Peña-Ruiz, filósofo francés de origen español. Texto de su libro La emancipación laica (Laberinto, 2001)

A los escolares que sufren segregación por cuestiones de conciencia o son instruidos en dogmas y leyendas incomprensibles para su edad.

PRESENTACIÓN

Existen pocos países en el mundo donde la Iglesia católica haya sido tan relevante en el desarrollo de su historia. España es uno de ellos, o quizá el principal. En nombre de esa Iglesia, España coloniza América, quema en la hoguera a personas, se enfrenta a los musulmanes y judíos, da un golpe de Estado contra el gobierno democrático de la II República, gobierna durante 40 años… Sin duda, es una trayectoria poco honorable; sin embargo, aun con una Constitución que establece la laicidad del Estado, la Iglesia católica sigue con una abrumadora presencia y poder en todas las instituciones y la sociedad en general. Este libro, La cruz en las aulas, se encarga de explicar cómo es esa presencia en el sistema educativo, cómo sucede violentando la legislación española y el sentir de la mayoría de los ciudadanos, y cómo cuenta con la connivencia de los diferentes gobiernos que se han sucedido desde la dictadura franquista.

La Iglesia católica oficial nunca se caracterizó en España por ponerse al lado de la voluntad popular, de los más desfavorecidos, ni siquiera de los derechos humanos. Nuestro libro recuerda que el mismo día que Franco proclamaba la victoria sobre la legítima II República, el papa Pío XII le felicitaba de esta forma: «levantamos nuestro corazón al Señor y agradecemos la deseada victoria católica en España». Y tanto que tienen razones para agradecerlo; en 1953 se firmaba entre el Vaticano y Franco el denominado concordato por el cual se reafirma el catolicismo obligatorio de la enseñanza española, tanto universitaria como no universitaria. El acuerdo (por cierto, todavía no derogado en 2015) formaliza el poder que el clero católico ejercía sobre la enseñanza. De modo que, durante 37 años, no solo «controló» la escuela estatal, sino que, además, dispuso de todos los apoyos necesarios para desarrollar una amplia red de centros privados católicos que competía, ventajosamente, con la escuela de titularidad pública.

Lo más grave es que, tras la muerte de Franco, al inicio de 1979, se firmaron unos acuerdos concordatarios entre el Estado español y la Santa Sede que mantuvieron muchos de los privilegios del Concordato franquista de 1953 en la enseñanza y de la cultura, en los servicios sociales y en la sanidad, en las fuerzas armadas, en materia tributaria, económica, jurídica, simbólica y política, y así hasta hoy.

De modo que, como nuestro autor señala, la Iglesia termina recibiendo del Estado unos 11.000 millones de euros al año. Por ejemplo, en lo que a educación se refiere, los salarios y seguridad social de las personas designadas por los obispados (o responsables de otras confesiones) para impartir religión en los centros escolares los asume la administración educativa, es decir, el Estado, bien las CCAA o el Estado central. Este montante para salarios y gastos sociales del colectivo, que representa un ejército de proselitismo integrado por 20.000 personas, designadas por los obispados en el conjunto del Estado, para los centros de titularidad pública y privados concertados, supone unos 600 millones de euros al año.

Pero quizá sea más bochornoso el mecanismo de financiación de los colegios privados católicos a través de conciertos. Los distintos gobiernos se escudan en acuerdos con el Vaticano o atención a supuestos derechos ciudadanos a recibir educación en un colegio católico. Nuestro autor nos trae una sentencia del Tribunal Constitucional que recuerda que «el derecho a la educación gratuita en la enseñanza básica no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias individuales».

Y por si esto no fuera suficiente, tenemos los símbolos religiosos (se estima que en un tercio de los colegios públicos), los belenes, los profesores de religión que participan en el claustro o imparten clases de otras asignaturas, las visitas al colegio del obispo o del párroco, festividades religiosas, desfiles procesionales, ofrendas de flores marianas, cantos religiosos… Y todo ello en un país cuya carta magna lo declara laico.

Como siempre intentamos hacer en nuestra colección A Fondo, hemos ido a buscar a la persona que más sabe sobre el tema elegido. Se trata de Francisco Delgado, que fue presidente de la Confederación Española de AMPAS (CEAPA) y durante 15 años miembro del Consejo Escolar del Estado. Autor de diversas publicaciones, entre ellas La escuela pública amenazada (Editorial Popular, 1997), Hacia la escuela laica (Laberinto, 2005) y Evanescencia de la escuela pública (Milrazones, 2013). En la actualidad, preside la asociación Europa Laica. Sin duda, es el autor idóneo para desvelarnos hasta dónde llega la religión en nuestros colegios, la ilegalidad de esta situación y la connivencia e intereses de todos los gobiernos hasta ahora para mantenerla.

Pascual Serrano

INTRODUCCIÓN

Los sistemas educativos han estado –desde sus orígenes– muy vinculados al control ideológico del «poder establecido», ya sea político, económico, étnico o religioso y, en la mayoría de las ocasiones, en perfecta comunión.

Desde que la sociedad primitiva se dividió en clases sociales, el poder lo representaban, básicamente, el «príncipe» (poder político) y el «chamán» (poder religioso). Así, la educación, las enseñanzas y, muy posteriormente, los sistemas educativos han estado al servicio de estos, en la mayoría de las ocasiones y ámbitos.

Conviene recordar aquí cómo la educación oficial ha sido, durante siglos, elitista, reservada a los hijos varones de las familias poderosas. El propio término «pedagogo» tiene un origen de oficio servil que se encargaba de educar a los hijos de las familias ricas y aristocráticas.

A pesar de todo ello, los sistemas educativos han tenido –también– la virtud, sobre todo después de la Revolución francesa y de los periodos liberales y revolucionarios de los siglos XIX y XX, de contribuir a que la ciudadanía (en cada momento) haya sido consciente y aprendiera a deshacerse de las ataduras de quienes les oprimían.

Aunque, en la dialéctica marxista, el «poder» religioso, económico y político, a través de los sistemas educativos, han tratado y tratan de reproducir las normas sociales y postulados morales que fundamentan la sociedad que a «ellos» les interesa establecer en cada momento.

Este es un hecho irrefutable, que no debemos olvidar nunca, para saber a qué nos enfrentamos y qué tenemos que analizar cuando nos referimos a todos los sistemas de enseñanza.

Hay que tener en cuenta que incluso filósofos como Sócrates, Kant y Rousseau, por ejemplo, defensores de la ética cívica y de la razón, como parte fundamental de la educación, la concebían como una tarea de extraer algo ya preexistente en el «alma» del alumno, evidentemente desde distintos planos y con diferentes matices.

Si a esta concepción de cierta «mística filosófica» que ha impregnado la enseñanza le agregamos el enorme poder e influencia de la Iglesia católica oficial en nuestro país hasta nuestros días, nos daremos cuenta de lo difícil que ha sido abordar la educación desde una perspectiva científica, humanista y social.

La institución escolar española y el currículo en sus diferentes ámbitos territoriales no se ha desprendido todavía, en estos inicios del siglo XXI, de sus orígenes básicamente religiosos, con un fuerte componente de nacional-catolicismo.

De ahí que continúe la religión confesional como materia en el currículo escolar y que, como consecuencia de ello, miles de delegados diocesanos (personas que imparten religión, designadas por los obispados) hagan proselitismo religioso, participen con su opinión en los claustros y hasta con la LOE-LOMCE puedan ser designados miembros de los equipos directivos de los centros escolares de titularidad pública.

Además, la simbología, el culto y el proselitismo religioso (católico) invaden una parte importante de centros escolares, todavía.

Y, por si fuera poco, el Estado financia a miles de centros de ideología católica, algunos de los cuales segregan por razón de sexo y de origen social.

Hemos de tener en cuenta, como antes se expresaba, que la escuela –como institución– siempre corre el riesgo de ser un instrumento al servicio del «poder» establecido, con la finalidad de ejercer un «control social», en mayor o menor medida. Y ahí la Iglesia católica está muy bien asentada, con la complicidad de los poderes públicos. Es decir, de la política de mayorías, hasta ahora.

Es cierto que hay un antecedente histórico: cuando preocupaba el vagabundeo o la delincuencia infantil, se consideraba necesario «sacar» a los niños de las calles e internarlos para adoctrinarlos en las «buenas costumbres», que generalmente pertenecían a la moral religiosa.

En la actualidad, también, desde una parte del poder político conservador y desde el capitalismo depredador, se trata de utilizar la institución escolar como un laboratorio para impregnar a los más pequeños de mensajes excluyentes y competitivos, ayudándose de ciertas moralinas religiosas que anulan la capacidad para pensar autónomamente, con la finalidad de conducirlos a un determinado modelo de sociedad que interesa a determinados poderes en cada momento histórico. Y este momento es uno de ellos.

Los poderes eclesiásticos, en todo el mundo y desde hace siglos, lo saben muy bien, y utilizan la escuela como un instrumento al servicio de sus ideologías, por ello, junto a la acumulación de riquezas terrenales, la exigencia de obtener privilegios jurídicos, políticos y tributarios, de tratar de imponer su moral al conjunto de la ciudadanía, de eliminar (en algunos ámbitos) al infiel… el control férreo de los sistemas educativos constituye su mayor batalla.

Como se afirmaba en el párrafo cuarto de esta introducción, sin embargo y a pesar de todo ello, hay que reconocer que los beneficios sociales de la enseñanza son incuestionables.

Por ello, hay quienes luchan desde diferentes frentes y trincheras sociales y políticas por un modelo de enseñanza público, integrador e inclusivo, democrático, colaborativo y laico, al servicio del ser humano y de una sociedad solidaria, alejada de atavismos de cualquier signo.

I. BREVES APUNTES SOBRE LA RELIGIÓN CATÓLICA EN ESPAÑA

Desde el año 589 (III Concilio de Toledo), en que el rey visigodo Recaredo se «convirtió» definitivamente al catolicismo en estos territorios, durante siglos se ha obligado a profesar la fe católica, salvo en periodos muy breves de la historia.

Desde al ámbito religioso, hay quienes tratan de ofrecer una explicación: una leyenda del Nuevo Testamento (Epístola a los romanos 15, 24-28) indica en dos ocasiones que Pablo de Tarso, reconvertido al cristianismo, se encaminará a «España», al parecer, con intención de evangelizarla.

Pero este hecho se escribe, supuestamente, en el siglo I, cuando no existía esa denominación de estos territorios, ya que por aquellos tiempos eran conocidos como Iberia o Hispania y, por lo tanto, ni esa leyenda es real ni hay constancia histórica de que Pablo estuviera por estas tierras ibéricas.

Los que escribieron esos textos, posiblemente muchos años después, tenían un objetivo: proclamar –en su peculiar historia– una catolicidad sagrada para estas tierras.

Y lo han conseguido durante siglos, en ocasiones, a «sangre y fuego». También exportándola a territorios ocupados por las monarquías españolas en diversos continentes, siempre apoyados por el papado oficial católico, incluso en las denominadas como «cruzadas» contra los infieles, allá donde se produjeran, con el dinero y los bienes usurpados al pueblo español.

El periodo de la denominada Reconquista, allá donde se iba implantando el cristianismo por los diversos reyes y nobles, el reinado de los Reyes Católicos y la «ocupación cristiana» de los pueblos aborígenes de América Latina, va conformando durante siglos el punto más alto de la imposición del catolicismo a todos, bajo el dominio de la corona y la cruz.

La Inquisición (1478, por bula de Sixto IV) nace como brazo armado de guardianes de la fe católica, con la finalidad inicial de perseguir a los «falsos conversos», pero muy pronto amplió sus objetivos y poderes, constituyendo un régimen de terror al servicio de la corona y de la religión, extendiéndose a todos los territorios conquistados.

La Inquisición fue un organismo eclesiástico y de la monarquía que tenía la finalidad de imponer el catolicismo desde el poder. Para conseguirlo, anularon el derecho a la libertad de conciencia de cada persona y prohibieron cualquier otra religión o convicción no religiosa.

Solo en los primeros tres años se tienen noticias de que habían sido quemadas unas 300 personas y casi 100 fueron condenadas a cadena perpetua.

La Inquisición española fue suprimida en diciembre de 1808 por Napoleón Bonaparte mediante los decretos de Chamartín, que se aplicaron en la España «afrancesada», mientras que, en la España «patriota», la abolición se produjo varios años después por las Cortes de Cádiz, el 28 de febrero de 1813.

Sin embargo, en julio de 1814 fue restaurada de nuevo por el rey Fernando VII, aunque en 1820 fue de nuevo suprimida por el mismo, obligado por el triunfo del pronunciamiento militar comandado por Rafael de Riego, que restableció la Constitución de 1812.

Tras la recuperación de sus poderes absolutos en octubre de 1823, que puso fin al Trienio Liberal, Fernando VII no restableció la Inquisición como tal, pero en su lugar funcionaron las Juntas de Fe en algunas diócesis, como en la de Valencia.

Así, el Santo Oficio del terror cometió su último crimen oficial en Valencia en la persona del «mestre Ripoll»; corría el año 1826.

LA RELIGIÓN CATÓLICA Y LA CONSTITUCIÓN DE 1812

Conviene recordar que la Constitución de 1812 expresaba en su artículo 12: «La religión de la nacion española es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana, única y verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra».

En cuanto a la cuestión de la enseñanza, el artículo 366 expresaba: «En todos los pueblos de la monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles».

Y ello ocurría después de la Revolución francesa (1789), es decir, cuando 22 años antes en Francia (1790) comenzaba a establecerse la laicidad de las instituciones y, por lo tanto, en la enseñanza, ello suponía la descristianización, poco a poco, de la vida pública. No obstante, se sustituía la era cristiana por la laica y republicana.

Estos hechos, sucedidos en Francia, fueron muy duramente atacados por el papa Pío VI en su encíclica Quod Aliquanrum.

LA ILUSTRACIÓN Y ESPAÑA

En pleno siglo XIX, mientras los principios de la Ilustración avanzaban en casi toda Europa, en España se perseguía a los liberales y a ciudadanos y ciudadanas, a intelectuales, artistas o personas de empresa que no eran fieles a la Iglesia y a la monarquía, acusándolos, por ejemplo, de herejes o masones.

Esos postulados liberadores recorrían Europa y América, de norte a sur, con una penetración muy tenue en la Península, aunque dieron lugar a los periodos de alternancia liberal-conservadora, desde mediados del siglo XIX hasta 1931, y en donde la libertad de religión y de convicciones, aunque de forma muy tenue, se fue abriendo paso durante periodos muy breves.

Pero la Iglesia siempre mantenía su fuerza dentro del ámbito de la enseñanza, incluso durante los periodos de las desamortizaciones de Carlos III, Godoy (1766 a 1798), Mendizábal (1835 a 1844) y la más anticlerical o más larga y eficaz, que se dio en varias fases entre 1855 y 1925. Poderosa fuerza que obtuvo durante el peculiar reinado de Isabel II (1833 y 1868) con la firma del Concordato de 1851 con el papado de Pío IX, acuerdo muy favorable a los intereses de la Santa Sede, del que nos ocuparemos más intensamente en el capítulo II.

Hay que recordar que las desamortizaciones, más que tratarse de unas medidas puramente anticlericales, lo que pretendían era solucionar problemas de la Hacienda pública y solventar, en parte, la elevada deuda pública que se cernía sobre el Reino de España, tras periodos de guerras o de gran inestabilidad económica, como –curiosamente– el que hoy sufrimos.

DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

Se está hablando aquí de décadas y décadas de poder de la Iglesia (más o menos acentuado o atenuado), según gobernaran los liberales o los conservadores, hasta la dictadura de Primo de Rivera (1923), quien contó con la comprensión de la corona (Alfonso XIII) y el apoyo inestimable de la Iglesia, que recobró la influencia –que durante algunos años había perdido– en el ámbito escolar bajo el ideario fundamental del general jerezano: su nacionalismo español y su religiosidad católica. Tuvo en el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Eduardo Callejo de la Cuesta, el eje de «regeneración cristiana» que la enseñanza había perdido con algunos periodos de gobierno liberal.

II REPÚBLICA ESPAÑOLA

La II República española (1931-1939) trató de promover la libertad de conciencia y, por ende, de religión, así como la escuela laica. Pero su breve duración no llegó a consolidar ese propósito y, de nuevo, un nacional-catolicismo feroz invadió España, prohibiendo cualquier otra religión o convicción, desde 1936 hasta mediados de los años setenta del siglo XX. (En el capítulo II, «La religión católica en la escuela española, desde el siglo XIX», nos referiremos con mayor profusión a este periodo.)

LA DICTADURA FRANQUISTA Y EL CATOLICISMO

La simbiosis entre la Iglesia católica oficial, primero con la sublevación militar y fascista y después con la dictadura franquista, fue total. Como dato histórico, cabe indicar que el 4 de mayo de 1938 el Vaticano reconoció oficial y plenamente al gobierno de Franco y a su Cruzada nacional-católica, y tuvo uno de sus momentos culminantes cuando se produjo la victoria del bando sublevado en 1939.

El 1 de abril de 1939, el mismo día en que Franco emitió el «último parte» en el que proclamaba «la guerra ha terminado», el papa Pío XII felicitaba telegráficamente a Franco por su «victoria católica»: «levantamos nuestro corazón al Señor y agradecemos la deseada victoria católica en España…».

Dos semanas después, el 16 de abril de 1939, Radio Vaticano difundió un mensaje leído por el papa Pío XII, que comenzaba con la expresión «Con inmenso gozo» y en el que hacía referencia a la «victoria» de los que «se habían propuesto la difícil tarea de defender y restaurar los derechos y el honor de Dios y de la religión».

Desde el primer momento, la Iglesia católica oficial española se había adherido masivamente al golpe de Estado en los territorios controlados por los golpistas y, posteriormente, se volcó con entusiasmo a los fastos de la victoria.

Muchos clérigos actuaron, pueblo a pueblo, como perseguidores y denunciadores de gentes más o menos comprometidas con el gobierno legal de la República y que, lógicamente, no se habían adherido al fascismo.

Con el inicio de la dictadura, la religión católica se convirtió en la del Estado; todos los nacidos eran bautizados obligatoriamente, casi hasta la muerte del dictador (1975); el culto y los símbolos religiosos eran obligatorios en todos los centros de enseñanza, públicos y privados; estuvieron prohibidas otras religiones hasta finales de la década de los sesenta, cuando el Estado comenzó a ser tolerante, tras la ley franquista que regulaba el derecho civil a la libertad en materia religiosa, coincidiendo con el aperturismo que marcaba el Concilio Vaticano II (1962-1965).

También estaba «prohibido» manifestarse, públicamente, como ateo, agnóstico, masón, librepensador, laicista, feminista, republicano, homosexual, etc., o que se perteneciera a otras religiones que no fueran la católica romana.

Y así durante cuatro largas décadas que afectaron a varias generaciones. Aún hoy, ese peso integrista sigue presente en muchos ambientes, en muchas personas.

Franco firmó el Concordato de 1953, que más adelante iremos reseñando, sobre la base política e ideológica del isabelino de 1851.

CONSTITUCIÓN DE 1978

Con la Constitución de 1978 se establece una determinada «no confesionalidad del Estado» (para muchos analistas, con algunas ambigüedades muy bien calculadas) que diera lugar a perpetuar la religión si no como «religión de Estado», sí con el poder estratégico necesario para seguir presente en la vida pública y continuar con muchos de los privilegios históricos.

Además, al inicio de 1979 se firmaron unos acuerdos concordatarios entre el Estado español y la Santa Sede que pretendían adaptarse a los nuevos tiempos de democracia formal y monárquica parlamentaria, aunque con la casi totalidad de privilegios del Concordato franquista de 1953.

Con todo ello, se trataban de consolidar los enormes privilegios que la Iglesia católica ya disfrutaba desde hacía siglos, a través de los concordatos isabelino, del siglo XIX, y franquista, del XX, en la cuestión de la enseñanza y de la cultura, de los servicios sociales y de la sanidad, en las fuerzas armadas, en materia tributaria, económica, jurídica, simbólica y política y, así, hasta hoy (2015).

Cuando se edita este libro, han pasado más de siete lustros desde la firma de dichos acuerdos. Para muchos analistas políticos y jurídicos, los mismos son ilegítimos y totalmente fuera del marco constitucional.

(Véase el artículo, como apéndice I, al final del libro: «Siete lustros de los Acuerdos con la Santa Sede».)