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Bogotá (Colombia)
Fronteras : fuentes de conflicto y cooperación / ed., Luis Fernando Trejos Rosero ; Carlos Guzmán Mendoza… [et al.]. Barranquilla : Editorial Universidad del Norte ; Grupo Editorial Ibáñez, 2016.
170 p. : fotografías ; 24 cm.
Incluye referencias bibliográficas.
ISBN 978-958-741-689-3 (impreso)
ISBN 978-958-741-690-9 (PDF)
ISBN 978-958-741-691-6 (epub)
1. Relaciones internacionales. 2. Cooperación internacional. 3. Fronteras— Colombia. 4. Colombia—Relaciones exteriores. 5. Política exterior. I. Trejos Rosero, Luis Fernando, ed. II. Guzmán Mendoza, Carlos. III. Tít.
(327 F935 23 ed.) (CO-BrUNB)
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© Universidad del Norte, 2016
Angélica Rodríguez Rodríguez, Luis Fernando Trejos Rosero, Mario de la Puente Pacheco,
Carlos Enrique Guzmán Mendoza, Jolie Guzmán Cantillo, David J. Luquetta Cediel,
Gustavo J. Rodríguez Albor, Viviana García Pinzón y Janiel David Melamed Visbal
Coordinación editorial
Zoila Sotomayor O.
Diseño y diagramación
Luis Gabriel Vásquez M.
Diseño de portada
Joaquín Camargo Valle
Corrección de textos
Henry Stein
Procesos técnicos
Munir Kharfan de los Reyes
Impreso y hecho en Colombia
Javegraf (Bogotá)
© Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio reprográfico, fónico o informático, así como su transmisión por cualquier medio mecánico o electrónico, fotocopias, microfilm, offset, mimeográfico u otros, sin autorización previa y escrita de los titulares del copyright. La violación de dichos derechos constituye un delito contra la propiedad intelectual.
ANGÉLICA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
LA FRONTERA COLOMBIANA CON BRASIL. ¿ÁREA SIN LEY Y VACÍA?
CARLOS ENRIQUE GUZMÁN MENDOZA
ANGÉLICA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
JOLIE GUZMÁN CANTILLO
DAVID J. LUQUETTA CEDIEL
GUSTAVO J. RODRÍGUEZ ALBOR
Este libro recoge una serie de trabajos sobre fronteras internacionales realizados por distintos autores dentro del Grupo de Investigación Agenda Internacional, de la Universidad del Norte. A su vez, se han incluido capítulos de académicos pertenecientes a otros grupos de investigación que abordan el tema de las “fronteras internas” y sus continuas configuraciones y reconfiguraciones.
El hilo conductor de la mayoría de los trabajos es el enfoque teórico, ya que de manera general un alto porcentaje de estos coincide en el uso de elementos de la geografía regional político-cultural y de la geopolítica crítica, manifestándose en contra del determinismo Estado céntrico, y asumen las fronteras como espacios vivos llenos de procesos sociales, culturales y económicos.
En este sentido, geógrafos como Raffestin (1980), Lopes (1995), García (2002), Haesbaerst, (2004) y Benedetti (2014) conciben la frontera como una parte integrante de cualquier “territorio” con unas relaciones de poder institucionalizadas, como los Estados o las regiones, entendiéndose estos como construcciones sociales en transformación a partir de sus dinámicas sociales, materiales y simbólicas. En este marco, la geografía del poder debe tratarse con un enfoque flexible en cuanto a los niveles espacio-temporales de análisis, ya que los define durante la investigación y no antes, como suele suceder. Interesándose, de esta forma, no solo en los territorios estáticos, sino también en las territorialidades móviles, temporarias y de límites elásticos.
En esta línea, Quintero (1999) y Benedetti (2009), utilizando elementos de la nueva política regional anglosajona, sostienen que las identidades colectivas son previas a la formación de los Estados, por lo cual el territorio y las identidades que se construyen dentro de él son formaciones históricas en continuo movimiento.
Es precisamente este enfoque teórico - metodológico el que utilizan, directa e indirectamente, la mayoría de los autores reunidos en esta obra, ya que se alejan del determinismo Estado céntrico y se interesan en los espacios intermedios, como los municipios, departamentos o regiones, prestando particular atención a su administración y organización institucional.
Esta obra está dividida en dos partes. La primera,FRONTERAS COLOMBIANAS, está compuesta por cuatro trabajos que se aproximan a las fronteras de este país andino desde diferentes enfoques, tales como el comercio y la integración binacional, la seguridad, las políticas públicas y la historia.
Es así como el capítulo de Angélica Rodríguez, titulado “Las Zonas de Integración Fronteriza (ZIF) entre Colombia y Venezuela: avances, fracasos y desafíos”, analiza la discusión sobre la posibilidad de crear una nueva Zona de Integración Fronteriza (ZIF) entre el departamento de La Guajira (Colombia) y el estado de Zulia (Venezuela), con el doble objetivo de revitalizar los municipios que se encuentran en ambos lados de la frontera e imprimir una nueva dinámica a la integración colombo-venezolana. De esta forma, este capítulo aborda el tema de la integración fronteriza colombo-venezolana en general, y presenta interesantes reflexiones sobre el desafío que implica la creación de una ZIF en la frontera guajiro-zuliana.
En el segundo capítulo, “La frontera colombiana con Brasil. ¿Área gris, sin ley y vacía?”, Luis Fernando Trejos Rosero y Mario de la Puente Pacheco realizan una aproximación desde la categoría área sin ley a la compleja situación de seguridad generada por los crecientes vínculos de la criminalidad local con redes del crimen organizado transnacional en el lado colombiano de la frontera colombo-brasilera. Demuestran que el establecimiento permanente de actores armados ilegales en este espacio fronterizo se debe en gran medida a la ausencia y débil presencia del Estado colombiano en sus periferias. Su abordaje metodológico es de tipo bibliográfico y descriptivo.
El capítulo tres, a cargo de Carlos Enrique Guzmán Mendoza, Angélica Rodríguez Rodríguez y Jolie Guzmán Cantillo, titulado “Política exterior, espacio de actuación no gubernamental. A propósito del rol de los actores no estatales en la construcción de la agenda de integración fronteriza Colombia - Ecuador”, se propone, por una parte, generar un acercamiento a la participación de los actores no estatales en la construcción de la agenda en materia de integración fronteriza entre Colombia y Ecuador y, por otra, rescatar el debate respecto a la necesidad de un mayor involucramiento de estos durante el proceso de toma de decisiones de política exterior.
En el cuarto y último capítulo de esta primera parte, “Negociaciones y sociabilidad en las fronteras de Santa Marta a mediados del siglo XVIII”, David J. Luquetta Cediel y Gustavo J. Rodríguez Albor, desde una perspectiva histórico-antropológica, demuestran que la configuración social de un territorio está ligada a las dinámicas poblacionales que se gestan en el mismo, teniendo como elemento clave el establecimiento de fronteras, a través de la fundación de pueblos y reducciones. Los autores centran su interés en la provincia de Santa Marta a mediados del siglo XVIII, ubicada al norte de lo que hoy es Colombia. Teniendo como contexto histórico el inicio del proceso de reorganización de este territorio bajo las orientaciones de las reformas borbónicas.
La segunda parte, FRONTERAS DEL MUNDO, está compuesta por dos capítulos que hacen referencia a espacios geográficos diferentes.
En el capítulo cinco, “Territorios fronterizos, agenda de seguridad y narcotráfico en Chile: El Plan Frontera Norte”, Viviana García hace un análisis de las nuevas amenazas, específicamente el narcotráfico, y su impacto en la agenda de seguridad y la política pública sobre el tema en la frontera norte de Chile, a partir del caso del Plan Frontera Norte (PFN). Su objetivo es caracterizar dicho plan y analizar su relación con la agenda de seguridad y las nuevas amenazas, y con las formas de territorialización del Estado chileno en las zonas de frontera.
En el último capítulo, “El Estado Islámico y el rediseño de las fronteras en Medio Oriente”, Janiel David Melamed Visbal describe cómo esta organización promueve la destrucción de las fronteras artificiales diseñadas en la región bajo la tutela imperialista occidental, el restablecimiento del califato como forma de gobierno acorde con los principios fundamentales del islam y la estricta observancia de la Sharia. Este capítulo explica la naturaleza de esta amenaza para la región, la cooperación existente entre rivales tradicionales para enfrentarla y el reto que significa la consecución de una seguridad colectiva frente a complejos intereses geopolíticos antagónicos.
Se espera que esta obra contribuya al debate académico sobre la importancia política, social y económica de las fronteras, y en el caso colombiano se convierta en un insumo imprescindible para la formulación de políticas públicas por parte de los tomadores de decisiones.
Luis Fernando Trejos Rosero
Editor
REFERENCIAS
Benedetti, A. (2009). Los usos de la categoría región en el pensamiento geográfico argentino. Scripta Nova, XII (286). Disponible en: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-286.htm
Benedetti, A. (2014). Espacios Fronterizos del sur suramericano. Propuesta para un modelo conceptual para su estudio. Revista de Estudios Fronterizos, 29, 11-47.
García Á. (2002). Provincias, regiones y comunidades autónomas. La formación del mapa político de España. Madrid: Temas del Senado, Secretaría General del Senado, Dirección de Estudios y Documentación, Departamento de Publicaciones.
Haesbaert, R. (2004). O mito da desterritorialização: Do “fim dos territórios” à multiterritorialidade. Río de Janeiro: Bertrand.
Lopes de Souza, M. (1995). O território: Sobre espaço e poder, autonomia e desenvolvimento. En P. De Castro, C. Da Costa & R. Lobato (Org.), Geografia: Conceitos e temas. Río de Janeiro: Bertrand.
Quintero, S. (1999). El país que nos contaron. La visión de Argentina en los manuales de geografía (1950-1997). Entrepasados, 16, 135-154.
Raffestin, C. (1980). Por uma geografia do poder. São Paulo: Atica.
La visión que entendía las fronteras como líneas rígidas e infranqueables que separan y dividen áreas geográficas ha cedido ante una nueva concepción que las reivindica como espacios porosos de intercambio, diálogo e integración. Así pues, mientras en castellano el concepto de frontera puede abarcar ambas acepciones, en inglés hay dos términos diferenciadores para cada una de las situaciones descritas: boundary y border. Boundary se entiende como la línea imaginaria que separa a un territorio de otro; esto es, en últimas, el límite de la manifestación de la autoridad del Estado. Por otra parte, border normalmente puede interpretarse como un espacio a través del cual las diferencias socio-espaciales se comunican, interactúan y se desarrollan (Mojtahed-Zadeh, 2011, p. 191).
Este capítulo gira en torno a esa segunda acepción, border, es decir, el espacio donde deberían tener lugar por excelencia la movilidad humana, los flujos comerciales, los procesos de aprendizaje y cooperación multinivel, y sobre todo, desde donde se esperaría que comenzara a construirse la integración regional de manera privilegiada, debido a los vínculos que se derivan del funcionamiento de la frontera caracterizado por su permeabilidad y dinamismo intrínseco.
Basándose en esta perspectiva, los países andinos manifestaron su interés por priorizar las actividades conjuntas en las zonas de frontera compartida como mecanismo estratégico para desarrollar estas áreas e impulsar desde las mismas el proceso de integración regional. Desde que los gobiernos de Bolivia, Colombia, Chile1, Ecuador y Perú firmaron el Acuerdo de Cartagena en 1969 —hoy conocido como la Comunidad Andina de Naciones (CAN)—, con el objetivo de incentivar la actividad económica, fortalecer los lazos políticos y sociales y mejorar el nivel de vida de sus habitantes, paralelamente comenzaron a plantearse la necesidad de desarrollar instrumentos puntuales para que la frontera se convirtiera en el enclave más relevante de la integración.
Entre dichos instrumentos deben recalcarse las resoluciones emitidas por la Junta del Acuerdo en 1989, mediante las cuales se destacó la función de las fronteras como bisagras que articulan las relaciones binacionales, facilitan el desarrollo de políticas conjuntas y promueven la complementariedad regional (Martens, 1992).
Fruto de estos planteamientos, desde Colombia y Venezuela2 comenzaron a liderarse acuerdos binacionales en zona de frontera, específicamente entre el departamento de Norte de Santander (Colombia) y el estado del Táchira (Venezuela). Tanto la Comisión Presidencial para Asuntos Fronterizos Colombo-Venezolanos (COPAF) como la Corporación Venezolana del Suroeste (CVS) le dieron un espaldarazo al proyecto, y en 1991 la COPAF puso de manifiesto la necesidad de desarrollar una estructura político-administrativa en la que participaran miembros de ambos países, con el objetivo de administrar de manera conjunta dicha iniciativa. Asimismo, la CVS realizó algunas sugerencias a la propuesta de la COPAF encaminadas a hacer más eficientes los planes de desarrollo concebidos dentro del espacio fronterizo (Sánchez Chacón, 2007, p. 26).
Sin embargo, y a pesar de los múltiples beneficios económicos y sociales que podrían derivarse de esta propuesta, la misma no ha logrado consolidarse a causa de diferentes factores, entre los cuales podrían destacarse los siguientes: la ausencia de una estructura que permita el funcionamiento eficaz de la iniciativa, la escasa voluntad política de los gobiernos nacionales y la falta de apoyo por parte del Parlamento Andino. Llegados a este punto merece la pena mencionar que el retiro de Venezuela de la CAN no constituye un impedimento para desarrollar procesos de integración binacional en zona de frontera, en tanto se realizan constantes reuniones presidenciales sobre este tema y las cancillerías de Colombia y Venezuela, así como los gobiernos locales del Táchira y de Norte de Santander, siguen trabajando en la identificación de intereses comunes a partir de los cuales impulsar la integración.
Con el objetivo de reactivar y estimular la integración regional, la CAN adoptó varias disposiciones. Así pues, se estableció un marco general para la liberación del comercio de servicios mediante la Decisión 439 de 1998. De esta manera, se instó a los países miembros a “conceder ventajas a países adyacentes con el fin de facilitar intercambios de servicios que se produzcan y consuman localmente, limitados a las zonas fronterizas contiguas” (Comunidad Andina, 2003, p. 4).
Un año más tarde se adoptó la Decisión 459 de 1999, mediante la cual se estableció una Política Comunitaria para la Integración y el Desarrollo Fronterizo. Esta política estaba encaminada a mejorar la calidad de vida de los habitantes de territorios de frontera de los países miembros de la región, y buscaba impulsar el desarrollo de la institucionalidad en estos espacios.
Entre los principales objetivos de la Decisión 459 pueden mencionarse los siguientes: promoción de la libre circulación de personas, bienes, capitales y servicios; desarrollo económico de las zonas de integración fronteriza; atención de la necesidades sanitarias, educativas, laborales y medioambientales de estas zonas; y fortalecimiento del diálogo, la consulta y la cooperación entre las autoridades de ambos países (Consejo Andino de Ministro de Relaciones Exteriores, 1999).
Posteriormente, el siglo XX trajo consigo una nueva iniciativa andina que sería decisiva para promocionar la integración en zonas de frontera. El Parlamento Andino instituyó las ZIF mediante la Decisión 501 de 2001. Entendidas como escenarios fundamentales para la elaboración e implementación de proyectos conjuntos, se pretendía que estos espacios promovieran un integración transfronteriza sostenible y acorde con los intereses y las necesidades de los países participantes. Mediante esta propuesta se buscó darle un nuevo impulso al proyecto binacional entre Norte de Santander y Táchira, y debido a la extensa frontera que comparte Colombia con Venezuela (una línea limítrofe de 2219 kilómetros), comenzó a contemplarse la posibilidad de crear una ZIF entre el departamento de La Guajira en Colombia y el estado de Zulia en Venezuela.
La Guajira y Zulia comparten valores culturales, recursos tales como el río Limón y la cuenca del río Carraipía, tienen un flujo significativo de intercambio de bienes y servicios, además de que en su territorio se encuentra asentada la tribu indígena de los wayús. Estas características, así como la necesidad de desarrollar los territorios en ambos lados de la frontera, son los ejes y el motor a partir de los cuales se impulsaría una ZIF en esta área.
Siguiendo con este orden de ideas, y una vez realizada una breve introducción del tema que nos ocupa, debe decirse que este capítulo aborda el tema de la integración fronteriza colombo-venezolana en general, y presenta algunas reflexiones sobre el reto que constituye la creación de una ZIF entre el departamento de La Guajira y el estado de Zulia en particular. Con este objetivo en mente, este capítulo ha sido estructurado en cuatro apartados.
En el primer apartado se hace referencia al proceso de integración andina y se avanza sobre los intentos de cooperación subregional colombovenezolana, destacando los esfuerzos de las autoridades y los sectores locales del departamento de Norte de Santander y el estado del Táchira. En el segundo apartado se presenta el proceso de institucionalización de las ZIF por medio de la Decisión 501 de 2001 y se revisa la conformación de las ZIF entre Colombia y Venezuela.
En el tercer apartado se hace un acercamiento a la propuesta de conformación de una ZIF entre el departamento de La Guajira y el estado de Zulia, mencionando los aportes potenciales de estos dos territorios para la conformación de la misma.
Finalmente, en el apartado correspondiente a las consideraciones finales se presentan las ideas principales de la reflexión realizada en los capítulos anteriores, resaltando tanto los fracasos que ha supuesto este proceso de integración fronteriza binacional como los retos que se derivan del mismo.
El 26 de mayo de 1969, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú firmaron el Acuerdo de Cartagena. Su objetivo de conformar un bloque regional estaba encaminado a mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos mediante una estrategia de integración y cooperación integral. De esta manera nació el proceso de integración conocido como Pacto Andino, del cual Venezuela entró a formar parte en febrero de 1973 y posteriormente anunció su retiro en abril de 2006, y Chile, bajo la dictadura de Pinochet, se retiró en octubre de 1976 y se reintegró en septiembre de 2006 bajo la figura de miembro asociado.
Después de casi 30 años de funcionamiento, los presidentes de los países miembros de la organización decidieron, a través del Protocolo de Trujillo de 1996, introducir algunas reformas al Acuerdo de Cartagena para adaptarlo a las nuevas dinámicas del escenario internacional. Como consecuencia de dicha decisión se creó la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en reemplazo del Pacto Andino (Secretaría General de la Comunidad Andina, 2007a).
Desde el momento mismo en que sucedió la transformación del bloque regional, los gobiernos reconocieron la importancia de desarrollar actividades conjuntas en las zonas de frontera compartida. No en vano la CAN ha formulado varias iniciativas sobre este aspecto, tales como la Decisión 439 de 1998, marco general para la liberalización del comercio de servicios, y la Decisión 459 de 1999, sobre la complementariedad de las economías en las zonas de frontera compartida.
Durante las dos primeras décadas de la nueva propuesta de integración andina no hubo ningún tipo de avance con relación a la iniciativa de trabajar conjuntamente en las zonas de frontera. Sin embargo, en 1986, por iniciativa de las autoridades y los sectores locales, se estableció un proceso de cooperación transfronteriza entre el estado del Táchira y el departamento de Norte de Santander. Esta primera experiencia se desarrolló sin contratiempos durante cinco años, a pesar de diversas tensiones entre los gobiernos nacionales.
Sin embargo, a partir de 1991 la iniciativa acordada entre Táchira y Norte de Santander se vio amenazada por ser considerada un gesto potencial de independencia de las zonas en cuestión. Debido a esta situación, la zona fronteriza colombo-venezolana decidió presentar al Parlamento Andino en 1992 una propuesta relativa a la conformación de Asambleas Regionales Fronterizas, como instrumentos de cooperación en las zonas de frontera compartida. El Parlamento recibió con beneplácito esta propuesta, pero la falta de apoyo por parte de los países involucrados y la incapacidad de la CAN para obligar a sus Estados miembros a implementar sus decisiones hicieron insostenible el proyecto de cooperación entre Táchira y Norte de Santander (Vieira & Ramírez, 2004, p. 1).
A pesar del fracaso de la primera experiencia y animados por las múltiples y profundas relaciones existentes entre los habitantes del Táchira y de Norte de Santander, autoridades locales, corporaciones de desarrollo y sectores económicos, tanto colombianos como venezolanos, impulsaron un segundo intento por consolidar la cooperación en la frontera. Esta propuesta recibió el nombre de ZIF y fue aceptada por los respectivos gobiernos centrales. No obstante, y a pesar de su relanzamiento en años más recientes, hasta el momento esta zona no ha logrado consolidarse ni constituirse en un foco estable de cooperación subregional.
Aunque en términos generales los intentos de integración andina han sido, en la mayoría de los casos, inciertos y provisionales, las iniciativas para fortalecer la cooperación en las zonas de frontera compartida han tenido un impacto significativo en el ámbito regional. Particularmente las propuestas colombo-venezolanas han estimulado la adopción de decisiones enfocadas a fortalecer y consolidar el proceso de integración subregional y regional por parte de la CAN. Como hecho relevante cabe mencionar la adopción de la Decisión 501 de 2001, mediante la cual se crearon de manera oficial las ZIF. Su objetivo principal era la integración entre regiones fronterizas, mediante el mejoramiento de la infraestructura y la producción, la agilización del comercio y el paso en las fronteras. Por otra parte, con la Decisión 502 del mismo año se crearon los Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF), instalaciones ubicadas en los pasos de frontera para prestar el servicio de control integrado de personas, equipajes, mercancías y vehículos, además de suscribirse el compromiso de crear al menos una ZIF en las fronteras comunes (Vieira & Ramírez, 2004, p. 2).
Las ZIF son los escenarios fundamentales a partir de los cuales se elaboran proyectos conjuntos entre las entidades de los territorios en los que se comparten fronteras. A través de las ZIF se busca garantizar una integración transfronteriza sostenible, capaz de responder a las necesidades de los habitantes de ambos lados de la frontera.
Antes de definir las ZIF es pertinente mencionar que las zonas fronterizas, al menos de la región andina, tienen cinco características que las particularizan: son territorios alejados de los centros dinámicos de producción; tienen escaso y desigual desarrollo económico y social si se las compara con otras áreas del país; generalmente carecen de instituciones capaces de impulsar actividades locales; no cuentan con vías de comunicación que permitan su fácil conexión con el centro del país y no cuentan con una infraestructura mínima para desarrollar procesos de producción significativos; son vecinos de países colindantes, generalmente caracterizados de igual manera, y con cuyos habitantes en la mayoría de los casos existen fuertes lazos étnicos y sociales. Especialmente, las zonas de frontera son espacios en los que convergen dos o más economías con un importante flujo de bienes y servicios entre las mismas, producto de una situación geográfica singular (Bustamante & Sierra de Rodríguez, 2005, p. 31).
La Decisión 501 de la CAN define las ZIF como
Los ámbitos territoriales adyacentes de Países Miembros de la Comunidad Andina para los que se adoptarán políticas, ejecutarán planes, programas y proyectos para impulsar el desarrollo sostenible y la integración fronteriza de una manera conjunta, compartida, coordinada y orientada a obtener beneficios mutuos, en correspondencia con las características de cada uno de ellos. (Secretaría General de la Comunidad Andina, 2007b, art. 1)
Como se mencionó anteriormente, los primeros intentos por conformar ZIF emanaron de una iniciativa colombo-venezolana, específicamente entre el estado del Táchira y el departamento de Norte de Santander, primero en 1986 y posteriormente en 1991. Más adelante se extendieron a países como Ecuador y Perú y se reactivaron con Venezuela en 2002.
En 1991, mediante el Convenio de Esmeraldas, Colombia y Ecuador impulsaron una ZIF con el objetivo de facilitar la libre circulación de personas, vehículos, embarcaciones, aeronaves, bienes y servicios. Esta iniciativa, que incluía los departamentos de Nariño y Putumayo en Colombia y las provincias de Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Napo y Sucumbíos en Ecuador, se amplió al Cauca colombiano en 1993 e incluyó a Cali y a Buenaventura (Colombia) y a Quito y el Aeropuerto de Manta (Ecuador) en 1997. Finalmente, en 2002 también se adhirieron a la propuesta los departamentos colombianos de Huila y Amazonas y las provincias ecuatorianas de Manabí y Orellana.
Aunque a primera vista la instauración y ampliación de esta ZIF podría considerarse un proceso exitoso, esto no da cuenta de la realidad del mismo, debido a que pasó de ser un proyecto liderado por los territorios de frontera para promover su desarrollo e integración a convertirse en una negociación que buscaba responder a intereses políticos de algunas regiones del interior de ambos países (Ramírez, 2009, p. 132).
Por su parte, la ZIF colombo-peruana, nacida en 2002, buscaba integrar el departamento del Amazonas y el municipio de Puerto Leguízamo en Colombia con el departamento de Loreto en Perú. Esta ZIF giró en torno a tres temas principales: una red de telemedicina en la cuenca del río Putumayo; modelos prácticos de producción piscícola de consumo humano y uso ornamental; y gestión binacional de humedales con fines de seguridad alimentaria y conservación (Escobar Castro, 2014, p. 106). Posteriormente, en junio de 2013, se firmó el Plan de Desarrollo de la ZIF colombo-peruana, fruto del trabajo de las cancillerías de ambos países en la Comisión de Vecindad e Integración, con la finalidad de reorientar el proyecto y de esta manera aprovechar las oportunidades que se derivan de la integración fronteriza para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esta zona.