Georg Bossong,

Francisco Báez de Aguilar González (eds.)

Identidades lingüísticas en la España autonómica

Georg Bossong.

Francisco Báez de Aguilar González (eds.)

Identidades lingüísticas en la España autonómica

Actas de las Jornadas Hispánicas 1997

de la Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos

Vervuert · Iberoamericana · 2000

La organización de las Jornadas ha sido subvencionada por la Schweizerische Akademie der Geisteswissenschaften y por la Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos; la publicación de estas actas ha sido subvencionada por la Hochschulstiftung der Universität Zürich

Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme

Identidades lingüísticas en la España autonómica:

actas de las Jornadas Hispánicas 1997 de la Sociedad Suiza de Estudios Hipánicos/

Georg Bossong ; Francisco Báez de Aguilar González (ed.)

- Frankfurt am Main : Vervuert; Madrid : Iberoamericana, 2000

(Lingüística Iberoamericana ; Vol. 14)

ISBN 3-89354-784-3 (Vervuert)

ISBN 978-84-95107-93-0 (Iberoamericana)

© Vervuert Verlag, Frankfurt am Main 2000

© Iberoamericana, Madrid 2000

Reservados todos los derechos

Depósito Legal: M. 49.878-2000

Este libro está impreso íntegramente

en papel ecológico blanqueado sin cloro.

Impreso en España por Publidisa

Índice

Prólogo

Christine Bierbach

Cuatro idiomas para un Estado - ¿cuántos para una Región Autónoma?

Observaciones acerca del debate sobre plurilingüismo y política lingüística en España

Miquel Strubell i Trueta

La investigación sociolingüística en los Países Catalanes

Yvonne Griley Martínez

Perspectivas de la política lingüística en Cataluña

Josune Ariztondo Akarregi

La política lingüística en la Comunidad Autónoma Vasca

Mauro Fernández Rodríguez

Entre castellano y portugués: La identidad lingüística del gallego

Juan Andrés Villena Ponsoda

Identidad y variación lingüística: Prestigio nacional y lealtad vernacular en el español hablado en Andalucía

Francisco Báez de Aguilar González

Los andaluces en busca de su identidad

Sobre los autores

Prólogo

La España democrática y autonómica de hoy es un ejemplo mundialmente reconocido y emulado de cómo deberían ser tratadas las minorías lingüísticas dentro de un Estado-nación antiguamente centralizado. El cambio del sistema político en la era postfranquista no sólo ha llevado consigo la reestructuración profunda de las instituciones centrales, sino también la instalación de nuevos modelos de autogobierno de las regiones. En el plano de las lenguas, España ha mostrado al mundo cuáles pueden ser los efectos de una política lingüística consciente, sistemática y coherente.

Pertenezco a la generación del 68. Entre otras cosas, nos entusiasmaba la idea de un desarrollo libre de las minorías oprimidas en los Estados centralistas, y de su emancipación del yugo de lo que por aquel entonces solía llamarse el „colonialismo interior”. El renacimiento de las culturas regionales se oponía al avance, irrefrenable en apariencia, de los Estados nacionales omnipresentes y cada vez más poderosos. Al progreso irreprimible de las grandes lenguas de comunicación nacional e internacional se enfrentaban las reivindicaciones de las lenguas de difusión menor, a menudo directamente amenazadas en su misma existencia. Evidentemente, tales movimientos reivindicativos sólo podían expresarse libremente en aquellos Estados que ofrecían a sus ciudadanos las libertades democráticas elementales. Una comparación entre Francia y España resulta instructiva a este respecto.

A finales de los años sesenta y principio de los setenta, las calles del Sur de Francia, así como las estanterías de los libreros, resonaban con eslóganes como Voulem viure al païs (“queremos vivir en nuestra región” —y no ser obligados a “ascender” a París—) o Home d’oc, as dreit a la paraula: parla (“hombre de Occitania, tienes derecho a la palabra: ¡habla!”). En las salas de conciertos como en la plazas públicas de la Provenza y del Languedoc se oían las canciones de protesta de cantautores como Martí o Raimon, con sus acerbos ataques contra los centralismos de París y de Madrid. Pero mientras que en Francia todos estos portavoces de una revolución regionalista podían dar libre expresión a sus reivindicaciones tanto en forma escrita como hablada o cantada, al otro lado del Pirineo seguía la opresión masiva que dominaba el país desde hacía cuatro largos decenios. 1970 era el año de las condenas a muerte de Burgos. Y recuerdo bien que a los participantes de los Jocs florals organizados en 1970 en Tubinga por el inolvidable Antoni Pous, a su regreso a España les esperaba la policía, y en algunos casos la cárcel. Si se comparaba entonces la situación del catalán con la del occitano, la diferencia no podía ser mayor: aunque la represión ya no era tan feroz como en los primeros años de la posguerra, el futuro del catalán debía parecerle al observador incierto, precario, sombrío, con perspectivas bloqueadas y cerradas por todas partes; mientras que los movimientos del Midi de Francia estaban en pleno auge y mostraban tal vitalidad que el porvenir de la lengua occitana se dibujaba con colores resplandecientes. Una predicción, según lo que entonces era previsible, habría pronosticado el paulatino retroceso, la decadencia y la desaparición final del catalán en un futuro cercano; y el ascenso irresistible de un occitano más o menos estandarizado, hasta establecerse otra vez como lengua usuaria y oficial en gran parte o incluso en la totalidad del tercio meridional de Francia. Todos sabemos que la evolución lingüística no ha seguido este rumbo; todos conocemos los resultados, están ahí, ante nosotros.

Hace algunos años conocí personalmente al autor del primero de los eslóganes occitanistas arriba citados. Para él, como para la mayoría de sus compañeros, todas estas historias ya pertenecían a un pasado al que se miraba atrás con cierta nostalgia y resignación, pero sin amargura. Se había conformado con el Estado francés y con una identidad definida primariamente como francesa. El elemento occitano lo consideraba ya, al igual que la mayoría de los franceses, como algo pintoresco y folklórico. Mientras tanto, el catalán se ha ido convirtiendo en la primera lengua de la región y está relegando el español al rango de lengua extranjera todavía con ciertos privilegios, pero cada vez menos. Cabe pues preguntarse: ¿Cómo explicar esta evolución? ¿Adónde ha ido a parar el entusiasmo inicial de los occitanistas? ¿Por qué se ha convertido el catalán hoy día en la lengua “minoritaria” más reconocida de toda Europa, en la lengua regional más utilizada y más imprescindible en la vida oficial y diaria de los ciudadanos de su región? La respuesta no es difícil. En la época actual, y ante las bien conocidas condiciones en los medios de comunicación, en el sistema escolar y en la vida pública en general, ya no bastan la tolerancia o la mera ausencia de una opresión abierta para asegurar la supervivencia de una lengua minoritaria, sino que se precisan medidas positivas de fomento e incentivos poderosos para ello. En pocas palabras, lo que hoy en día hace falta es una voluntad política firme y clara, así como un programa sistemático y coherente para poner ésta en práctica. Si falta esto, si se deja el uso de la lengua a lo que podríamos llamar su “inercia natural”, la lengua minoritaria desaparecerá tarde o temprano. Las condiciones reinantes en el mundo actual no son propicias para el mantenimiento de lenguas minoritarias; al contrario, favorecen unilateralmente a las grandes lenguas nacionales y, claro está, el avance irresistible de la única lengua global que subsiste, el inglés, que a medio plazo podría amenazar a su vez a las lenguas nacionales. La conclusión que podemos sacar de la comparación entre el caso occitano y el catalán es evidente: el éxito de una lengua minoritaria sólo puede lograrse con acciones y medidas positivas; la neutralidad del Estado no sirve para nada; es más, puede incluso ser más negativa que la opresión abierta, ya que ésta última puede provocar reacciones identitarias fuertes. Durante los años más negros de la dictadura franquista, la resistencia frente a la opresión pudo sobrevivir en la clandestinidad; pero ¿qué oponer a la actitud tibia, si no francamente indiferente, del Estado francés?

España es hoy conocida y reconocida como un país plurilingüe, quizás en mayor medida que los demás Estados europeos actuales, y esto a pesar de que apenas haya países carentes de minorías lingüísticas. Esto se debe, claro está, en primer lugar a la evolución política de las dos últimas décadas: sin la regionalización de las instituciones políticas, sin la cooficialización de las llamadas “lenguas propias”, el catalán, el vasco y el gallego no tendrían el estatus del que hoy día gozan, sino que seguirían estando relegados al rango de lenguas quizá toleradas pero no fomentadas oficialmente, tal como les sucede a las lenguas regionales de Francia y de otros países. Además de esto, las tres lenguas cooficiales de España presentan todas unas peculiaridades propias que las distinguen de otras lenguas minoritarias y que seguramente también han contribuido a la mejora de sus situaciones respectivas.

- El catalán tiene un peso histórico, geográfico, político y sobre todo demográfico por el que apenas parece justificado clasificarlo como “lengua minoritaria”. Como se suele afirmar, esta lengua es hablada por unos siete a ocho millones de locutores, cifra que lo sitúa en una posición ligeramente inferior al griego y al sueco, pero netamente superior a la de lenguas como el danés, el noruego (con sus dos variantes), el esloveno o el albanés, todas ellas lenguas nacionales en sus propios Estados. Desde todos los puntos de vista, el catalán es con mucho la “lengua minoritaria” más importante de Europa.

- El vasco destaca como elemento absolutamente “exótico” en el paisaje lingüístico europeo. Es consabida su posición aislada en el árbol genético de las lenguas. Este único superviviente del estado prehistórico y preindoeuropeo de nuestro continente no ha dejado de atraer la atención de los investigadores. Su estructura tipológica, tan diferente de todo lo acostumbrado en el “Standard Average European”, en otros tiempos, puede haber sido un obstáculo a la asimilación, hoy día representa indudablemente un elemento más que favorece la preservación de la lengua.

- El gallego ocupa un puesto especial (y a veces sentido como bastante incómodo) entre las dos lenguas románicas más grandes y más difundidas, el español y el portugués. La necesidad de afirmar una identidad propia frente a dos entidades tan potentes puede ser un ejercicio difícil, pero también puede contribuir a consolidar las propias fuerzas.

Resumiendo se puede decir que la España de hoy es un caso único entre los Estados nacionales modernos. Rompiendo decididamente con un pasado centralista y unificador, los españoles han hallado una vía para solucionar pacíficamente los problemas identitarios que envenenan la política interior de tantos países. Pasando de la dictadura a la democracia, España ha logrado el milagro de pasar al mismo tiempo de la opresión lingüística a una actitud frente a las minorías que se admira y se sigue como modelo en muchos países del mundo.

*

En Suiza, la sensibilidad respecto a las cuestiones lingüísticas está naturalmente bien desarrollada, y por ello es de suponer que la situación española despierte cierto interés aquí. El número de lenguas nacionales es cuantitativamente el mismo en ambos países. Pero el paralelismo no va más lejos: en Suiza, tres de las cuatro lenguas tienen su territorio bien definido dentro del cual tienen validez exclusiva; no se trata pues de “lenguas minoritarias”. También cabe recordar que las tres grandes lenguas de Suiza son lenguas nacionales más allá de sus fronteras, en contraste a España donde el gallego es exclusivo de Galicia (si no se clasifica como dialecto portugués) y donde el vasco y el catalán sólo disponen de pequeñas zonas más allá de las fronteras españolas. Sólo el retorromano puede ser considerado (hasta cierto punto) como “lengua minoritaria”, ya que se practica en un territorio en el cual el alemán tiene validez oficial, y ya que la casi totalidad de sus hablantes es bilingüe. A pesar de tales diferencias fundamentales, se puede afirmar que Suiza, como España, es un país plurilingüe y que las lenguas que lo componen están reconocidas oficialmente. Pero mientras que Suiza es considerada y admirada desde siempre como un modelo de convivencia pacífica entre lenguas y culturas diferentes, la imagen de España en este respecto es bastante reciente.

El presente volumen recoge las contribuciones a las Jornadas Hispánicas de la Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos, celebradas en noviembre de 1997 en la Universidad de Zúrich. Cuando nos pidieron organizar dichas Jornadas —con muchísima antelación, como es típico para Suiza—, enseguida se nos ocurrió este tema tan central en el debate español actual y al mismo tiempo tan poco conocido en este país. En lugar de temas de lingüística “sistémica”, importantes pero atractivos sólo para un público reducido, coincidimos (mi entonces asistente Francisco Báez de Aguilar González y yo) en dar la preferencia a un sujeto de actualidad, capaz de despertar el interés de hispanistas de la más diversa índole y también de un público general más amplio. Siendo numerosísimas las contribuciones al estudio de la España plurilingüe moderna, había que trazar un perfil específico para estas Jornadas. Finalmente nos pusimos de acuerdo sobre dos puntos por los que el presente volumen se distingue de otras obras parecidas: por un lado tratamos de dar la palabra no sólo a investigadores universitarios, sino también a representantes de los gobiernos respectivos, es decir a miembros de las direcciones lingüísticas en cuestión; por otro lado, nos pareció conveniente incluir no sólo las tres lenguas cooficiales con el español, sino también el andaluz como representante de una región autónoma sin lengua propia, pero con una variedad del español que a raíz del proceso autonómico había empezado a afirmar con creciente insistencia su especificidad frente a la lengua estándar. Ambas decisiones necesitan justificación.

Nadie conoce mejor la realidad lingüística de una región que los responsables de la aplicación de la política lingüística respectiva. Esta observación general es particularmente válida para España, donde la investigación sociolingüística y la práctica glotopolítica están tan estrechamente vinculadas como en pocos países. El impulso decisivo para la implantación de una política lingüística coherente provenía de la investigación académica: eran los sociolingüistas catalanes, y en particular los valencianos, quienes estaban desarrollando y ampliando el concepto fergusoniano de la “diglosia”, sacándolo fuera del ámbito meramente teórico y descriptivo y confiriéndole un valor práctico, inmediatamente aplicable. Han sido ellos quienes han creado el concepto de “normalización”, no como una herramienta para la comprensión de procesos ya consumados, sino para la puesta en marcha de procesos todavía no realizados, o sea, como un programa político. Se ha postulado aquí por primera vez una “normalidad” generalizada, es decir, un estado “normal” que ha de ser el mismo tanto para las lenguas oficiales y nacionales como para las minoritarias y hasta entonces oprimidas. Es un concepto sumamente democrático, salido del ámbito académico para ser integrado en el discurso político y en la práctica concreta. La permeabilidad entre teoría científica y práctica política sigue viva en nuestros días. Las Direcciones de Política Lingüística fomentan la investigación sociolingüística, subvencionando continuamente encuestas de competencia y uso de las lenguas en sus respectivos territorios para seguir así casi a diario la evolución lingüística y la efectividad de sus políticas de normalización lingüística. Disponemos para las situaciones sociolingüísticas de los Países Catalanes, del País Vasco y de Galicia de datos de una precisión y de una actualidad totalmente desconocida e incluso inimaginable en la gran mayoría de los países con minorías lingüísticas. Por otro lado, los resultados de la investigación influyen sobre las decisiones políticas, efectuando así una puntualidad y una adecuación a la realidad inigualables. Así, pues, parece más que justificado dar la palabra también a los que están implicados directamente en los procesos de decisión y de seguimiento de las políticas lingüísticas respectivas.

La inclusión del andaluz en el programa de las Jornadas necesita una justificación un poco más detallada. Para poner en claro las cosas desde el principio, conviene subrayar aquí que evidentemente no es nuestra intención pretender que el andaluz sea una “lengua” distinta del español como lo son el catalán, el vasco y el gallego. Tal pretensión sería absurda. No cabe la menor duda de que tanto lingüística como históricamente el andaluz es un vástago del castellano. Si no carece de sentido postular el estatus de “lengua” para el bable asturiano o el aragonés, ya que se trata de idiomas nacidos y desarrollados paralelamente al español, este postulado es inaplicable en el caso del andaluz, crecido como retoño del español en tierras reconquistadas. Sin embargo, el andaluz ha evolucionado según su propio ritmo y sus propias leyes, sobre la base de los dialectos mozárabes suplantados. En el dominio del español propiamente dicho, el conjunto de las hablas andaluzas es el único haz dialectal lo suficientemente individualizado y compacto para formar un bloque frente a la norma estandarizada de la lengua. En el plano demográfico y geográfico, Andalucía encabeza el pelotón de las regiones autónomas (primer rango por sus habitantes, segundo por su superficie). Por su historia tiene una individualidad propia fuertemente marcada, y esto dentro de fronteras orgánicas e históricamente arraigadas (en contraste con regiones como, p. ej., La Rioja, Cantabria o —no hay que olvidarlo—Madrid). En el plano lingüístico, Andalucía es la región cuyas hablas se diferencian al máximo de la lengua estándar. Si no puede dudarse que se trata de “dialectos” del español, también es evidente que la distancia que separa el andaluz del español estándar es mayor que la del murciano, el extremeño o las variedades rurales de ambas Castillas. Además, Andalucía es la única región fuera de las zonas centrales donde se ha formado una koiné propia, distinta de la lengua estándar: el español “meridional” tiene sus propias reglas desde hace siglos, y por eso reivindica que sean reconocidos sus derechos desde hace poco —las reglas de un andaluz “culto”, moderado, supralocal, no de una de las infinitas variedades particulares—. El postulado de revalorizar el español meridional se ha visto reforzado en los dos decenios que han seguido a la constitución de la España Autonómica por las costumbres lingüísticas de ciertos políticos. Mientras que en los países de lengua alemana nadie se escandaliza si el habla de un alto dirigente político está teñida de un fuerte substrato dialectal, en España esto había sido imposible hasta que Felipe González diera ejemplo. Otro factor que juega a favor del español meridional es indudablemente su afinidad con el español americano. Las semejanzas del andaluz con lo que se habla en Latinoamérica son evidentes para cualquiera, independientemente de la aceptación o no de la tesis del denominado “andalucismo” como modelo de explicación histórica. La inmensa mayoría de los más de 350 millones de locutores del español en el mundo actual hablan una variedad más cercana al andaluz que al español peninsular normativo. Por la influencia de los medios de comunicación de masas, la televisión en particular, este hecho ha comenzado a penetrar en la consciencia de todos. Indudablemente un cierto acento meridional está convirtiéndose en el símbolo de la nueva identidad andaluza: ya no se oculta la propia habla, el sentimiento de vergüenza lingüística, de vergüenza por “hablar mal” al utilizar la variedad regional va desapareciendo; ahora el acento meridional se muestra con orgullo, como para enarbolar la bandera del particularismo andaluz. Por esta razón, hemos creído justo incluir el andaluz en el patrimonio lingüístico de la España autonómica.

*

Por razones ajenas a nuestra voluntad, las regiones autónomas no están todas igualmente representadas. La idea inicial era la de contar con dos conferenciantes por cada región autónoma tratada, que ofrecieran respectivamente una ponencia centrada en la investigación lingüística y otra en la política lingüística de su Comunidad. Pero esto no fue posible en todos los casos. En las presentes actas, falta una de las conferencias sobre el vasco ofrecidas durante las Jornadas; a pesar de nuestra insistencia, el autor no nos ha enviado el texto de su ponencia. Así, desgraciadamente, el peso del vasco en esta colección no corresponde a su importancia en la vida nacional española. El gallego también está representado por un solo artículo, pero tratándose de un texto muy detallado y nutrido que contiene ambas perspectivas arriba mencionadas, se espera que bastará para darle al lector una idea del estado actual de esta minoría lingüística. Cataluña y Andalucía están presentes en dos artículos cada una. El volumen va encabezado por un estudio general. Los textos aparecen más o menos en la forma en la que fueron presentados en las Jornadas de 1997, con algunas modificaciones y actualizaciones, pero sin tocar el carácter esencialmente oral de las ponencias. El orden de los artículos es puramente geográfico: pasamos del noreste al norte y al noroeste, para terminar en el sur. Sigue una muy breve caracterización de las contribuciones individuales.

Christine Bierbach ofrece unas reflexiones generales sobre la situación lingüística actual en España, tomando como punto de partida el caso catalán, pero teniendo en cuenta también las demás minorías. Sus consideraciones de índole ética son relevantes también para la situación de lenguas minoritarias en general.

Miquel Strubell presenta un panorama de la investigación sociolingüística sobre el catalán, con particular atención a los trabajos del Institut de Sociolingüística Catalana realizados a lo largo de los años 90. Subraya la conexión entre la investigación académica y la práctica política.

Yvonne Griley da un resumen conciso de las líneas directrices de la política lingüística actual de la Generalitat. Formula también las perspectivas programáticas para el futuro.

Josune Ariztondo hace lo mismo para el vasco. Como representante del Gobierno Vasco, Eusko Jaurlaritza, describe los principios de la política lingüística en la Comunidad Autónoma Vasca, las actividades realizadas y los proyectos que todavía quedan por emprender.

Mauro Fernández comienza con una presentación de los resultados de las encuestas llevadas a cabo por el Seminario de Sociolingüística de la Real Academia Galega. Traza a grandes rasgos la historia de la situación gallega y toma posición frente al debate, tan apasionado, entre “lusistas” y “galleguistas” (o “reintegracionistas” e “isolacionistas”). Sus lúcidas observaciones merecerían ser meditadas por todos los que han tomado parte en esta polémica estéril y nociva.

Juan Villena resume los resultados de sus investigaciones sobre la lingüística variacional del andaluz. Basándose en los datos obtenidos en la ciudad de Málaga y en otros lugares, llega a un modelo tridimensional del continuo de variación que está destinado a suplantar las ideas superficiales y simplificadoras que tienen curso hasta ahora no sólo en el gran público, sino también en la literatura lingüística. Esta visión innovadora de la variación abre nuevos horizontes no sólo en el campo concreto de la dialectología andaluza, sino también en la metodología de la sociolingüística urbana.

Francisco Báez de Aguilar termina el volumen con una contribución que contiene muchas perspectivas generales. Da un resumen nutrido de la historia geopolítica de España para discutir después los problemas de la conciencia y consciencia lingüísticas y la búsqueda de una identidad propia de los andaluces, primero en la Andalucía misma, después entre los emigrados a Cataluña; presenta en este contexto los resultados de sus investigaciones de lingüística variacional realizadas en la comunidad andaluza de Barcelona. Concluye con unas consideraciones generales sobre el futuro del Estado-nación.

La concepción y realización de las Jornadas, así como esta publicación, fueron llevadas a cabo por Francisco Báez de Aguilar González y el autor de estas líneas. Quisiera agradecer a Paco su preciosa cooperación a lo largo de muchos años. También quisiera expresar mi gratitud a Raquel Montero Muñoz por la labor difícil de las últimas correcciones lingüísticas y estilísticas. Finalmente, agradezco a la Akademie für Geisteswissenschaften y a la Hochschulstiftung der Universität Zürich su ayuda material, tanto para la organización de las Jornadas de 1997 como para la publicación de las actas.

Georg Bossong

Universidad de Zúrich

Cuatro idiomas para un Estado - ¿cuántos para una Región Autónoma?

Observaciones acerca del debate sobre plurilingüismo y política lingüística en España

CHRISTINE BIERBACH

Universidad de Mannheim

“Cuatro idiomas para un Estado”, éste fue el título programático de un ensayo del sociolingüista valenciano Rafael Lluís Ninyoles, publicado hace ya más de veinte años, en 1977, recién recuperadas las libertades políticas y lingüísticas. Títuloprograma que a muchos entre nosotros, lingüistas europeos, observadores y simpatizantes del proceso democrático ibérico y, desde luego, partisanos del pluralismo lingüístico, nos pareció muy apropiado, dado que tal era, y es, como percibimos desde el extranjero —y digamos, con una visión optimista— la realidad lingüística actual del Estado español: España ha pasado en pocos años de un monolingüismo oficial férreo, impuesto por la dictadura franquista, a un Estado plurilingüe, moderno y liberal; se ha convertido así en algo como una segunda Suiza. Esto parece casi un milagro en pleno siglo XX, en el cual, siendo como es, parece inverosímil que pudieran cambiar unas situaciones lingüísticas establecidas y, en particular, unas relaciones de fuerza entre una “gran” lengua nacional —la tercera del mundo, por su importancia demográfica y territorial— y unas lenguas minoritarias, declaradas ya moribundas o, lo que resulta lo mismo, convertidas en meros adornos folklóricos de un provincialismo anticuado. España se ha convertido al mismo tiempo en una especie de El Dorado para muchos sociolingüistas forasteros, aficionados del pluralismo y/o contacto lingüísticos, con todas sus implicaciones históricas, estructurales, sociales y políticas.¹

Hasta aquí este aspecto “jubilante” que celebra desde una perspectiva exterior y ya un poco histórica en el ejemplo de la España democrática la recuperación de un patrimonio lingüístico europeo que se creía ya casi perdido —cuando no se ignoraba sencillamente—. Como he sugerido arriba, las/los hispanistas solemos hoy día presentar España a nuestros estudiantes, por ejemplo, en los cursos de introducción a la lingüística, como un Estado con cuatro lenguas.² Huelga decir que esto representa un cambio radical en relación a lo que se enseñaba a generaciones de estudiantes anteriores, cuando muchos de nosotros aprendíamos que la lengua de España era obviamente el español y que el “el resto” eran dialectos. Si se oían o leían los vocablos “catalán” o “gallego”, o más bien “galaico-portugués”, era en relación con la historia medieval: “Cantigas de Santa María” y “romances peninsulares”, “Ausgliederung” o repartición de los dialectos ibéricos, pero de ningún modo se relacionaban con una práctica y unos problemas actuales. Pues bien, hoy en día sí que solemos hablar de cuatro lenguas, pero apenas conquistado este avance de realismo y precisión, nos damos cuenta de que las cosas, miradas de cerca, son más complicadas.

1   El plurilingüismo ante la Constitución de 1978

Nos lo pudo enseñar ya una ojeada a la Constitución Española de 1978, la que justamente celebrábamos —y celebramos— como base y marco legal del salto cualitativo de Estado monolítico y monolingüe al pluralismo. En la Constitución, como todos sabemos, nada se dice de “cuatro” (ni de ninguna cifra precisa), sino:

Es decir: la única lengua que se nombra explícitamente es la castellana. “Las demás lenguas” ni se nombran, ni se cifran; además, los términos de referencia varían entre “lenguas” (en 3.2) y “modalidades lingüísticas” (en 3.3), dando a entender, sin embargo, que “las lenguas” pueden ser “oficiales”, mientras que las “modalidades” gozan simplemente de “respeto y protección”, sin precisar lo que esto puede implicar legal y concretamente. Así, lo que se manifiesta, a primera vista, como actitud legislativa sumamente pluralista y liberal, fomenta al mismo tiempo la incertidumbre y la confusión (lo que, por cierto, ha sido comentado ampliamente por parte de publicistas y eruditos críticos de las Comunidades Autónomas).

Obviamente, estas fórmulas responden a un debate ya en retroceso, con focos conflictivos conocidos, y dejan al arbitrio de las Comunidades el definir o denominar su respectiva lengua —si se trata de otra que la castellana— y de (auto)determinar su modelo de (co)oficialidad. Al mismo tiempo la constitución atribuye a diecisiete regiones el estatus de Comunidad Autónoma y evita así la referencia a las naciones históricas, convirtiéndolas en “nacionalidades”, concepto menos comprometedor (cf., entre otros, Koppelberg 1991, Kremnitz 1991: 93ss., Stegmann 1981), y equiparándolas a regiones geográfíco-administrativas como las demás. Medida profiláctica tanto para frenar evoluciones separatistas, como para impedir soluciones federalistas verdaderas, que sus críticos calificaron de “autonomía descafeinada”.³ Además, al declarar también las “modalidades lingüísticas” patrimonio cultural, objeto de protección y respeto, más que respaldar las variedades o comunidades lingüísticas “menores” sin consciencia tradicional de “lengua” propia (como podría ser el caso del aranés, por ejemplo, o del bable asturiano), esta fórmula contribuye a fomentar el secesionismo dentro de las lenguas históricas a través de sus variedades dialectales, y puede llegar a cementar y legitimar los procesos de dialectalización o, mejor dicho, las ideologías dialectalizantes, fomentadas y aprovechadas ya por la política lingüística del franquismo (y —no hay que olvidarlo— iniciadas ya mucho antes), en detrimento de la unidad y normalización de lenguas como la catalana —tal como lo presenciamos actualmente con la cuestión valenciana— o el euskera. No quiero insinuar que ésta hubiera sido realmente la intención política del legislador, pero de todos modos, tenemos aquí uno de los problemas clave que complica la visión de las cuatro lenguas, o de cuatro comunidades lingüísticas, para el Estado español, visión en la cual coincidimos, los filólogos hispanistas, y “nacionalistas” catalanes, vascos y gallegos.

Por cierto, difícilmente hubiera sido posible —políticamente— una fórmula alternativa, más precisa —y legítima, desde un punto de vista meramente lingüístico—, sin provocar “la guerre des langues” (L.-J. Calvet 1987), la guerra civil lingüística. Cabe admitir que la fórmula abierta de “las demás lenguas españolas”, además del enorme progreso que representa por reconocer la existencia de más de una lengua española, es también salomónica, en cuanto no prejuzga a ninguna lengua, y democrática, en cuanto pasa la responsabilidad práctica de selección, definición y tratamiento de las lenguas a los mismos miembros de las Comunidades. Además, la formulación abre también una puerta a aquellas Autonomías que, sin experiencia normalizadora previa, pero entradas en un proceso de conscienciación, quieran elaborar un programa de protección y promoción dentro de los Estatutos de las respectivas Comunidades Autónomas, como, por ejemplo, en los casos del aranés o del bable. Y es precisamente a las Comunidades a quienes incumbe establecer el estatus y el papel social de las variedades regionales relevantes.

2   “Modalidades lingüísticas” como prendas políticas: viva la confusión (y muera la lengua)!

Hay que reconocer, no obstante, los enormes problemas que esta apertura, o “consagración” de “modalidades” conlleva en el proceso de normalización de las lenguas cooficiales. Así, por ejemplo, para el caso quizá más conflictivo, el de Valencia, se confirma la posición “particularista” de un debate ya secular, bastante absurdo, sobre el “valenciano”, negando su catalanidad histórica y estructural. Es ésta una posición que a fin de cuentas no puede hacer otra cosa que reducir aún más el prestigio, ya precario, de esta “modalidad regional”, y que a la larga, sólo sirve a la opción alternativa, es decir, la castellana.⁴ Parece que el debate político valenciano haya implantado con bastante éxito el confusionismo lingüístico (tal como no han dejado de criticar autores valencianos competentes como Aracil, Fuster, V. Pitarch y otros). Según testimonio de unos observadores más “ingenuos” —como lo son, en ocurrencia, unos estudiantes alemanes que han pasado un semestre de intercambio en la Universidad de Valencia— se constataba con asombro que en esa Universidad se hablaba y enseñaba en “tres lenguas”: ¡en castellano, en catalán y en valenciano! Ante tal alternativa, no es difícil de adivinar la preferencia de estos estudiantes, y, tal vez, de otros más.

Considerando, pues, estos problemas, y ante la pregunta formulada en el título, he aquí una primera respuesta, evidentemente no muy satisfactoria, más bien síntoma de que el conflicto lingüístico entre la periferia y el centro se ha doblado, o sea reformulado, como conflicto interno entre las comunidades periféricas, resultando en enfrentamientos entre tendencias localistas y (el espectro de) un nuevo centralismo periférico, el llamado imperialisme barceloní. Enfrentamiento interno, pues, que se repite, con menos fulgor tal vez, pero con efectos igualmente nefastos, en las Islas Baleares. Es éste, en mi opinión y también en la de otros lingüistas autóctonos o forasteros, un frente artificial y falso, dado que desde un punto de vista lingüístico es perfectamente compatible reconocer la diferencia —las modalidades regionales— y optar por la unidad básica de la lengua, una norma común con ciertos rasgos diferenciales, tal como ya existe para el área del catalán. Más que de una cuestión de exactitud, o de defensa y protección lingüística, aquí se trata, de que la lengua sirva de instrumento de capitalización política e ideológica, como es el caso del valenciano.

Aunque no nos incumbe a nosotros, los observadores extranjeros y tal vez simpatizantes, de dar consejos a quienes son muy capaces de analizar su situación por sí mismos y de actuar de manera apropiada, permítaseme recordar el caso, lingüísticamente parecido, de los países germanófonos: aunque somos todos muy conscientes de las diferencias fonéticas, léxicas y, en menor grado, morfológico-gramaticales, las variedades alemanas de Austria, Suiza y Alemania comparten una norma escrita y, hasta cierto punto, un estándar oral que permite identificar regionalmente al hablante sin que se cuestione la consciencia de que se trata de la “la misma lengua”. Un austriaco, según el contexto, hablará alto alemán —hochdeutsch— o tirolés, sabiendo que el tirolés es una variedad alemana y que su lengua materna es el alemán, aunque odie a los prusianos. Es decir, se distingue claramente entre el término político —denominación de la pertenencia nacional: austriaca— y el lingüístico —lengua alemana—. En Suiza, para distinguir entre la modalidad nacional y la norma común, supranacional, se han creado los términos diferenciadores schwyzerdütsch, con sus hipónimos regionales y locales, y hochdeutsch; y aunque las diferencias étnico-culturales y políticas sean muy acusadas y las lingüísticas, muchísimo más que dentro del dominio catalán, por ejemplo, no creo que nadie niegue la pertenencia al “prototipo” lingüístico alemán. Pero tal vez estas clarividencias cuesten menos, cuando hay fronteras nacionales en medio que confirman y aseguran la autonomía política.

Una diferencia importante entre el caso del área germánica y el catalán, el vasco o el gallego es que en nuestro caso no hay otra lengua nacional superpuesta que pueda servir de alternativa a la propia, es decir, aunque hubiera controversia lingüística, sería sin consecuencia para el mantenimiento de la lengua territorial. Algo similar caracteriza el debate sobre castellano, español, argentino, etc., en Hispanoámerica, un debate meramente ideológico, sin consecuencias tajantes para la lengua (cf. el ya clásico estudio de A. Alonso 1943).

El problema en España tiene actualmente una mayor transcendencia, sobre todo teniendo en cuenta el proceso de substitución lingüística (es decir, castellanización) ya muy avanzado; y estoy de acuerdo con nuestros colegas valencianos y catalanes (como Fuster, Sanchis Guarner, Pitarch etc.) que ven en el debate “blavero”, jugando la carta de la (legítima) cuestión de identidad cultural e histórica, un gran obstáculo para la normalización lingüística en el País Valencià.

Entonces, respondiendo a la otra mitad de la pregunta —¿cuántos idiomas para una Región Autónoma?—, conforme a los debates actuales se puede concluir: uno, dos, tres o más según el criterio, la creencia, el concepto de la relación entre el Estado, la nación y la lengua o la variedad lingüística. Aunque una respuesta sensata y conforme a la Constitución podría ser sencillamente: la lengua oficial del Estado y la lengua territorial⁵; y cuando ésta trasciende el territorio administrativo de la comunidad autónoma, como es el caso de todas las lenguas históricas españolas, no debería haber otras consecuencias que las que hay en el caso de lengua oficial castellana, cuyo territorio trasciende también, obviamente, las fronteras administrativas de las CCAA castellanas, sin que se plantee el problema de una denominación y unas normas lingüísticas divergentes.⁶

Las realidades, sin embargo, son más complejas, por lo menos en cuanto a la percepción y consciencia político-lingüística de las correspondientes Comunidades. Además de examinar cada caso particular respetando a los grupos lingüísticos presentes, actualmente cabe, ante todo, plantear los conceptos de norma y normalización y sus relaciones con la variabilidad lingüística.

3   Normalización: lucha de lenguas o conflicto lingüístico?

En un artículo reciente, Bossong (1996) discute de manera muy aclaradora la estrecha relación entre todo proceso de normalización lingüística y formación o (auto)definición nacional. La fijación de normas explícitas para el uso escrito, y, en consecuencia, hasta cierto punto también para el oral, implica lógicamente la idea de unidad y uniformidad lingüística con respecto a un territorio definido y delimitado. Este concepto de territorio suele coincidir en el caso de las grandes lenguas europeas con el Estado-nación y con la lengua de la(s) clase(s) dirigente(s) —o sea, del entorno del monarca, normalmente, en la historia europea—, sin tener en cuenta a los grupos alófonos.

Históricamente, el proceso de toma de (auto)consciencia lingüística conduce a la intervención estatal o institucional sobre la forma de la lengua, y su control sucesivo. Esta intervención se impone sobre el desarrollo libre y natural de la(s) lengua(s), y margina al mismo tiempo todos los elementos y hablantes no conformes. Se trata de procesos que han estado intrínsecamente ligados a la formación de la idea moderna de la nación o, más exactamente, a la formación de la identidad entre Estado y nación, basada en la convergencia de la unidad territorial con la política, administrativa y jurídica, y tal vez étnica y cultural (Bossong 1996:611).⁷

Lógicamente, estos procesos no podían ser otra cosa que conflictivos, como lo evidencian de manera diferenciada los ejemplos europeos. Sin embargo, Bossong propone distinguir, en este contexto, entre “lucha” y “conflicto” de lenguas: el primer término se refiere a los procesos —violentos— cuando una lengua (la del “vencedor” o grupo dominante) suplanta a otra (marginada y progresivamente substituida).⁸ El conflicto lingüístico, según Bossong, implica la posibilidad de elección —choix—, de elección voluntaria de una variedad o forma lingüística en vez de otra, concepto, pues, relacionado estrechamente con el de norma lingüística.⁹

No sé si esta distinción es aplicable efectivamente a la situación española, de la cual estamos tratando aquí, y que implica, de todas maneras, ambos aspectos. Precisamente, los sociolingüistas catalanes han insistido en el carácter conflictivo de la situación lingüística de las minorías, o sea, del bilingüismo social de los correspondientes grupos. Históricamente, bajo la perspectiva de la longue durée, estamos evidentemente ante los resultados de un proceso de lucha que ya ha cambiado profundamente el paisaje lingüístico de la Península Ibérica (¡pensemos solamente en el retroceso del dominio lingüístico vasco!), pero esta lucha tampoco tuvo, en el curso de su historia, siempre claros frentes entre “vencedores” —Castilla— y “vencidos” —las otras entidades políticas y/o lingüísticas—, sino que también en momentos de relativa autonomía política como, por ejemplo, bajo la Corona de Aragón, hubo conflictos, en el sentido definido arriba, de selección lingüística por decisión voluntaria —aunque bajo la influencia de la creciente hegemonía política y cultural del castellano—. Estos conflictos, descritos tal vez con más precisión para el caso valenciano (Aracil (1966), Ninyoles (1969/1978)), contribuyen a explicar los dilemas identitarios y lingüísticos actuales.

Enfocando de nuevo el presente, con sus síntomas de lucha y de conflicto, podemos concretizar estos conceptos en términos de perspectiva (macro/micro; exterior/interior): Cuando hablo de “lucha” me pongo a nivel “macro”, o sea de toda la comunidad lingüística o, más bien, del enfrentamiento entre dos comunidades lingüísticas, pues las lenguas mismas no luchan, y defino un frente “exterior”, la otra lengua como “adversario”, en torno a la cuestión: ¿se impone la lengua A (dominante, exterior) o la lengua B (arraigada históricamente) en un territorio x? Desde una perspectiva “micro”, es decir, del hablante concreto, e “interior” a la comunidad respectiva, se plantean cuestiones tanto con respecto a la selección como a la forma de la lengua:

¿Qué lengua elegir —tanto como decisión global, de principio, como decisión circunstancial, dependiente de la situación de comunicación—?

¿Qué lengua conviene (más) en una situación x?

¿Qué forma de la lengua (ya sea A o B, suponiendo que el hablante tenga acceso a las dos) es correcta y/o apropiada?¹⁰

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